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Injerencia en Asuntos Internos
En diciembre de 2001, el ex Embajador de los E.U. en La Paz, Manuel Rocha, durante una conferencia sobre seguridad organizada por el Ministerio de la Presidencia, señaló que el dirigente campesino Felipe Quispe (el "Mallku"), y el entonces dirigente cocalero Evo Morales Ayma, eran terroristas y estaban dentro de la lista negra de los E.U. elaborada luego de los acontecimiento del 9/11.
En junio del 2002, Manuel Rocha, en días próximos a la celebración de las elecciones Presidenciales en Bolivia, indujo a no votar por el entonces candidato presidencial y dirigente cocalero, Evo Morales Ayma, amenazando a la ciudadanía boliviana de que, en caso de hacerlo, el Estado boliviano perdería la ayuda económica y comercial de los E.U. Textualmente, Rocha señaló que "El electorado boliviano debe considerar las consecuencias de escoger líderes de alguna manera conectados con el narcotráfico y el terrorismo".
A pesar de la injerencia y desprestigio generado desde le Embajada estadounidense, el Presidente Evo Morales, en elecciones electorales consideradas libres y justas por observadores internacionales, salió vencedor con un resultado histórico del 54% de los votos.
En octubre de 2007, frente a una campaña iniciada por el Presidente Evo Morales Ayma, para el cambio de la Sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el ex Embajador de los E.U. en La Paz, Philip Goldberg, olvidando los protocolos y el lenguaje de respeto que debe existir en diplomacia por las altas autoridades de otros países, se refirió de forma burlesca a tales iniciativas, indicando que no le extrañaría que el Presidente Morales pidiera también "cambiar la sede Disney".
El 2 de julio de 2008, en una de las épocas de mayor crisis e inestabilidad política por las que atravesó el Gobierno boliviano, Goldberg se reunió con cada uno de los Prefectos de los Departamentos y Presidentes de Comités Cívicos Departamentales liderados por la oposición, para convencerlos de ir al Referéndum para la revocatoria o no de las máximas autoridades Presidenciales y Departamentales electas, que se denominó "Referendo Revocatorio", celebrado el 10 de agosto del 2008 y del cual el Presidente Morales salió fortalecido con un 67% del apoyo popular.
No obstante el amplio apoyo recibido por el Presidente Morales, entre los meses de agosto y septiembre de 2008, Goldberg continuó sosteniendo reuniones con líderes de oposición en Bolivia, y se efectuaron viajes de estos últimos a los E.U. para reunirse con las autoridades de ese país. Consultado sobre el asunto, en su usual tono burlesco y falto de diplomacia, Goldberg señaló que había ido simplemente "a solicitar una receta de cocina" a la esposa del Gobernador opositor Rubén Costas.
Como resultado de las reuniones gastronómicas de Goldberg, se desató una de las jornadas más violentas vividas durante el Gobierno del Presidente Morales, caracterizada por la toma de instituciones del Estado por parte de las Prefecturas y los Comités Cívicos en los Departamentos liderados por la oposición, agresiones a miembros de movimientos sociales y pueblos indígena originario campesinos e intentos de separatismo por parte de algunos de los líderes de oposición de los Departamentos. Estos hechos, denominados como el "golpe cívico-prefectural", se iniciaron en fecha 9 de septiembre del 2008.
Posteriormente, se tuvo conocimiento que los miembros de la Agencia estadounidense de Administración de Lucha Contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) estuvieron involucrados con determinadas personalidades, del oficialismo en su momento y más tarde opositoras al Gobierno, provenientes de los Comités Cívicos Departamentales, en los momentos de mayor crisis políticas del Estado boliviano.
Asimismo, se conoció mediante documentos recuperados (correos electrónicos de agentes de la DEA, informes sobre movimientos de cuentas y otros) de las propias oficinas, que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), entidad desconcentrada de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a pedido de la DEA, institución extranjera, se dedicó a investigar ilegalmente, es decir, sin una orden emanada de autoridad judicial competente, las supuestas fortunas ilícitas de dirigentes nacionales*.
Recientemente, en agosto del presente año, se conoció que la Embajada de los Estados Unidos en La Paz, mantuvo contactos telefónicos con dirigentes indígenas de tierras bajas de Bolivia, durante la marcha que sostuvieron estos últimos en oposición a la carreta que uniría los Departamento de Beni y Cochabamba, y que pasaría por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Secure, (TIPNIS). La Embajada de los Estados Unidos reconoció haber sostenido conversaciones con los dirigentes, pero negó haber otorgado ningún tipo de apoyo a los marchistas.
* Ver la entrevista realizada el 8 de noviembre de 2008, por el Programa Doble Sentido al ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, bajo el título "La DEA en Bolivia y la política anti-drogas de EE.UU".
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