Desde el año 2000, fecha en que se empieza a fortalecer el surgimiento y la subida al poder de movimientos sociales y pueblos indígena originario campesinos, el Estado boliviano ha sufrido una fuerte campaña de injerencia en asuntos internos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, a partir del intento de desprestigio de sus liderazgos nacionales y de ataques públicos al Gobierno legítimamente constituido en Bolivia.
Esta situación, generó una escalada de tensiones entre los Gobiernos de Bolivia y de los Estados Unidos, que llevaron en sus momentos más álgidos a la expulsión de sus máximos representantes diplomáticos. Finalmente, dichas tensiones han derivado en la negociación de un nuevo marco legal que regirá las relaciones bilaterales entre ambos Estados.

Injerencia en Asuntos Internos

En diciembre de 2001, el ex Embajador de los E.U. en La Paz, Manuel Rocha, durante una conferencia sobre seguridad organizada por el Ministerio de la Presidencia, señaló que el dirigente campesino Felipe Quispe (el "Mallku"), y el entonces dirigente cocalero Evo Morales Ayma, eran terroristas y estaban dentro de la lista negra de los E.U. elaborada luego de los acontecimiento del 9/11.

En junio del 2002, Manuel Rocha, en días próximos a la celebración de las elecciones Presidenciales en Bolivia, indujo a no votar por el entonces candidato presidencial y dirigente cocalero, Evo Morales Ayma, amenazando a la ciudadanía boliviana de que, en caso de hacerlo, el Estado boliviano perdería la ayuda económica y comercial de los E.U. Textualmente, Rocha señaló que "El electorado boliviano debe considerar las consecuencias de escoger líderes de alguna manera conectados con el narcotráfico y el terrorismo".